La Corte de Apelaciones de La Serena declaró admisible un recurso de protección presentado por la organización de conservación marina Oceana, el que pretende que se declare ilegal la votación que aprobó el proyecto minero Dominga, esto justo cuando una compra realizada por el Presidente Sebastián Piñera en Islas Vírgenes pone a la faena en la palestra.
“Está dentro de los parámetros legales, interponer todos los recursos necesarios para declarar la nulidad del proceso, ya que este había sido rechazado en primera instancia, por sus deficiencias», apuntó el Director de Comunicaciones de Fesumin, Víctor Riesco.
«Es importante destacar que debieron presentarse nuevos antecedentes, pero todo ello tendría que haber redundado en una nueva consulta a la ciudadanía y, que los parámetros que estaban incorrectos se corrigieron para que Dominga tuviera el comienzo de su faena», deslizó.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, integrada por el delegado presidencial, diez secretarios/as regionales ministeriales (seremis) y la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sesionó de manera extraordinaria el pasado 11 de agosto y calificó favorablemente la iniciativa de Andes Iron.
«Esta situación va a seguir generando conflictos en la zona, ya que no sólo la parte ambiental se está viendo afectada, sino que también es probable que un sector del turismo se vea afectada», opinó Riesco.
Otra arista que se sumó en las últimas horas, se trata del caso “Pandora Papers”, el que salió a la luz gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Este tuvo alcances en nuestro país, según la agencia Cíper, involucró al presidente Sebastián Piñera, pues su familia y la de Carlos Alberto Délano sellaron la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.
Aunque desde La Moneda aseguran que el mandatario no supo sobre la operación, el que se haya aprobado el proyecto, pese a todos los cuestionamientos que sigue habiendo en su contra levanta aún más las sospechas.
«Veremos los resultados de esta instancia y también observaremos lo que diga la Corte Suprema al respecto», cerró Víctor Riesco sobre una situación que arranca con un nuevo capítulo que puede tener consecuencias nefastas para el Gobierno.
