Debido a un dictamen presentado por la Dirección del Trabajo en enero pasado, los trabajadores de la educación superior ven compleja la posibilidad de negociar de forma colectiva con las respectivas instituciones.
Esto debido a que la DT modificó su interpretación respecto al inciso Tercero del Artículo 304 del Código Laboral, definiendo que el sólo pueden negociar los sindicatos de las instituciones que tengan menos de un 50 por ciento de aportes del Estado, argumentando que los alumnos que estudian con gratuidad forman parte de este porcentaje.
Al respecto, Víctor Riesco, director de comunicaciones de Fesumin, expuso que “una vez más vemos como la Dirección del Trabajo, a través de este brazo legal que impone bajo la mano de su director, intenta desarrollar el freno para las actividades sindicales de los trabajadores, apuntando a los empleados públicos”.
“La jugada que se hace con las universidades, indicando este tema de la gratuidad como el aporte que hace de manera indirecta el Gobierno es una jugada muy leguleya que no tiene que ver con el espíritu sindical que tienen los trabajadores en nuestro país. Es una lástima y una forma de poder amarrar, mediante una argucia legal, a los trabajadores para que no puedan optar a los procesos de negociación colectiva. Es lamentable y esperamos que el Gobierno recapacite”, agregó.
Asimismo, Riesco agregó que “los trabajadores también tienen que darse cuenta de lo que ha sucedido y en las próximas elecciones no sacar nuevamente a la gente de derecha porque quizás con qué otras sorpresas nos van a salir”.
En otra arista, el también secretario del Sindicato Nº 2 de Supervisores de Collahuasi, expresó que “hace un tiempo, el Tribunal Constitucional permitió que empresas que hayan tenido juicios por prácticas antisindicales, sí pueden negociar con el Estado, conociendo que hay una instrucción o parte de la Ley que lo impide”.
Es que, hasta ahora los aportes considerados como base de cálculo para determinar ese porcentaje no incluían fuentes como las de título oneroso, pero el dictamen presentado el pasado 18 de enero apuntó que no existiría distinción entre los aportes a título gratuito y los de carácter oneroso.
Sobre esto, Riesco concluyó que “ese tipo de figuras que, por un lado, en la dirección del trabajo y su ala legal y el Tribunal Constitucional como esta tercera cámara después de los diputados y senadores, están generando estas famosas leyes y permisos para que los empresarios puedan disfrutar de los beneficios de la economía de libre mercado y los trabajadores vayan perdiendo cada vez más sus derechos”.
