Municipios deberán rendir cuentas por uso de fondos del royalty minero: Cámara aprueba proyecto de ley

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La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que obliga a los municipios a incluir en sus cuentas públicas anuales información detallada sobre la utilización de los recursos provenientes del royalty minero.

 La iniciativa, que ahora pasa a segundo trámite, busca garantizar la transparencia en la gestión de estos fondos y alinearse con los objetivos de la Ley 21.591, en vigor desde enero de 2024.

El proyecto establece que los municipios deberán informar sobre la destinación y ejecución de los recursos asignados desde tres fondos clave:

  1. Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo de Comunas Mineras.
  2. Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial.
  3. Fondo Puente, destinado al apoyo directo de las regiones.

Estos recursos, orientados a proyectos de investigación, tecnología y desarrollo productivo, comenzarán a distribuirse a 307 municipios en 2024, con un alcance mayor en 2025. La propuesta busca asegurar que los fondos se utilicen de manera eficiente y acorde con los propósitos de la ley, evitando irregularidades o mal uso.

La moción fue presentada por el diputado Jaime Mulet (FRVS) y respaldada por parlamentarios de diversas bancadas. Durante el debate, se destacó la importancia de esta medida para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y brindar confianza a la ciudadanía. También se hizo hincapié en la necesidad de contar con profesionales capacitados en los municipios para diseñar y ejecutar proyectos propios, evitando la externalización de iniciativas hacia fundaciones.

Si bien algunos legisladores lamentaron que los fondos solo beneficien a poco más de 300 municipios, otros enfatizaron la necesidad de replicar estas exigencias de transparencia a otros ingresos municipales, como los provenientes del pago de patentes.

El proyecto subraya que la mayor recaudación fiscal derivada del royalty debe convertirse en una oportunidad de crecimiento para las comunidades beneficiadas. La nueva normativa permitirá que los ciudadanos puedan fiscalizar el uso de estos fondos y que se destinen exclusivamente a iniciativas que fomenten el desarrollo y bienestar en las regiones mineras y sus alrededores.