En su propuesta presidencial 2026–2030, Marco Enríquez-Ominami plantea una agenda de transformaciones estructurales centradas en una nueva alianza entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, con el fin de reactivar el crecimiento económico, generar empleo, garantizar seguridad pública y avanzar en derechos sociales fundamentales como salud, educación y pensiones.
Uno de los pilares del plan económico es la Agenda Pro-Crecimiento e Inversión 2026–2030, que busca superar el estancamiento económico registrado en la última década. Entre sus medidas se encuentra la creación de una Oficina Nacional de Inversión Productiva (ONIP) para agilizar la tramitación de proyectos, especialmente en minería, energía e hidrógeno verde, sectores donde Chile mantiene una cartera superior a los 56 mil millones de dólares sin ejecución. Esta entidad funcionaría como ventanilla única para permisos y procesos administrativos, con trazabilidad digital y plazos máximos definidos por ley.
Además, el candidato propone una nueva política industrial inteligente, con foco en sectores estratégicos como el litio, el hidrógeno verde, la agroindustria tecnificada, la robótica y la economía azul. En este marco, se anticipa una reactivación industrial mediante alianzas público-privadas, incentivando el desarrollo tecnológico local y el valor agregado en las exportaciones de materias primas.
En materia de tributación, Enríquez-Ominami propone una reforma progresiva y pro-pyme, que incluye la reducción del impuesto corporativo al 20%, diferenciación del IVA para alimentos, libros y medicamentos, y un impuesto de 0,5% a grandes fortunas. También propone aplicar un royalty minero progresivo con distribución territorial obligatoria del 30% a través de un Fondo de Equidad Regional, y un impuesto verdedirigido a industrias contaminantes y al uso intensivo del agua en sectores como la minería y agroindustria, con el fin de financiar restauración ecológica y tecnologías de reutilización hídrica.
En empleo, el programa contempla un Plan Nacional que apunta a generar más de 1,2 millones de puestos de trabajo, directos e indirectos, especialmente en áreas como infraestructura, vivienda, servicios sociales, energías limpias y tecnologías digitales. Este pilar se complementa con el fortalecimiento de empresas públicas como Codelco, ENAP y BancoEstado, transformándolas en motores activos del desarrollo y la transición ecológica.
En seguridad pública, se propone una estrategia basada en inteligencia criminal y justicia territorial. Las medidas incluyen la creación del Sistema Nacional de Inteligencia Criminal (SNIC) con algoritmos de IA, una Policía de Barrios especializada, y la recuperación de 400 zonas vulnerables con inversión estatal, servicios sociales y presencia policial comunitaria. También se contempla el control de fronteras con infraestructura inteligente y el uso de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica, liberando capacidad operativa de Carabineros y la PDI.
Respecto a salud, el plan plantea un Sistema Universal, Justo y Eficiente, con aumento progresivo del gasto público, creación de una Agencia Nacional de Medicamentos para regular precios y eliminar el IVA en fármacos, y la construcción de 25 nuevos CESFAM y postas rurales en zonas marginadas. También destaca la incorporación de 1.000 nuevos profesionales en salud mental y una modernización integral de Fonasa.
En educación, se propone la creación de 100 liceos técnicos bicentenario en regiones, una nueva carrera docente con formación continua y salarios competitivos, y la universalización de la educación inicial gratuita desde los 2 años, priorizando cobertura, infraestructura y calidad pedagógica.
En materia ambiental, el programa impulsa una transición verde con enfoque en ecosistemas estratégicos. Se plantea una moratoria ambientalpara evitar nuevos proyectos extractivos en glaciares, salares y humedales, la creación de una Agencia Nacional del Agua, un impuesto al uso intensivo del recurso hídrico, y el fortalecimiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). También se promueve a Chile como potencia oceánica del siglo XXI, con planes para Áreas Marinas Protegidas, biotecnología marina y pesca artesanal sostenible.
Finalmente, en pensiones, Marco Enríquez-Ominami propone un Sistema Nacional de Pensiones con cuentas individuales no financieras, sin fines de lucro y administrado por un Instituto Autónomo. El plan contempla una pensión básica universal escalonada que alcanzaría los $250.000 en el tercer año, la creación de un fondo de compensación para quienes hayan cotizado en AFP con baja rentabilidad, y un proceso gradual de transición desde el sistema de AFP hacia uno público. En el caso de las Fuerzas Armadas, se propone mantener los derechos adquiridos, pero establecer un sistema previsional convergente para las nuevas generaciones.
El programa se presenta como una hoja de ruta técnica y estratégica para enfrentar las múltiples crisis que aquejan al país, combinando crecimiento económico con justicia social, innovación y responsabilidad fiscal.
