La Dirección del Trabajo (DT) presentó una denuncia formal contra la minera Sierra Gorda S.C.M. tras detectar la utilización de un sistema de cámaras de vigilancia que vulneraría la vida privada y la honra de los conductores de camiones de extracción (CAEX). La acción judicial se originó luego de una serie de fiscalizaciones que confirmaron que el dispositivo de control, diseñado supuestamente para detectar la fatiga y somnolencia, realiza una observación «constante e invasiva» dentro de las cabinas.
El conflicto escaló luego de que el Sindicato N°2 de la compañía denunciara que los sensores y cámaras no solo monitorean parámetros biométricos, sino que mantienen un registro visual permanente de los trabajadores en su espacio de desempeño. Según la organización sindical, este mecanismo atenta contra el bienestar psicológico de los operadores, quienes se sienten bajo un escrutinio que excede los márgenes de seguridad permitidos por la normativa laboral vigente.
Desde el organismo fiscalizador señalaron que, si bien la seguridad es una prioridad en la gran minería, cualquier medida de control debe ser proporcional y respetar los derechos fundamentales. En este sentido, la DT determinó que el sistema implementado en el yacimiento de la Región de Antofagasta traspasa los límites de la privacidad, al no existir una justificación técnica que valide la grabación ininterrumpida del rostro y comportamiento del conductor durante toda la jornada.
La empresa, por su parte, ha defendido el uso de estas tecnologías como una herramienta vital para prevenir accidentes de alto impacto en las faenas. Sin embargo, la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo es clara al establecer que los sistemas de vigilancia deben ser idóneos y necesarios, pero nunca pueden constituirse como un medio de hostigamiento o vigilancia directa sobre la actividad íntima del trabajador.
Este caso ha encendido el debate sobre la digitalización y el monitoreo en el sector minero, donde el uso de inteligencia artificial para la detección de riesgos es cada vez más común. Representantes de diversos gremios han manifestado su preocupación, indicando que el avance tecnológico no puede realizarse a costa de la dignidad de las personas, instando a las compañías a buscar alternativas menos intrusivas para garantizar la seguridad vial en las rutas mineras.
Tras la denuncia de la DT, el tribunal del trabajo deberá resolver si corresponde la aplicación de multas y el retiro o modificación de los dispositivos en cuestión. De confirmarse la vulneración de derechos, la minera arriesga severas sanciones económicas y la prohibición de participar en contratos con el Estado, mientras que los trabajadores exigen que se reestablezcan condiciones laborales que resguarden su integridad psíquica y privacidad.
