Un terremoto financiero y administrativo terminó de desatarse al interior de Codelco, luego de que se confirmara que la administración busca que más de 6.000 trabajadores de la estatal restituyan los dineros correspondientes a bonos de desempeño que les fueron pagados de manera indebida. La drástica medida administrativa es consecuencia directa del fraude por la sobreestimación de 27 mil toneladas de cobre fino en los balances de 2025.
La determinación de exigir el reintegro de los fondos fue planteada por el directorio tras constatar que los incentivos económicos de cumplimiento de metas se calcularon sobre la base de cifras manipuladas. Al caerse el volumen de producción real tras las auditorías técnicas, los tramos de eficiencia estipulados en los convenios colectivos no se alcanzaron, anulando el derecho de los operarios y supervisores a percibir dichos montos.
La devolución de las asignaciones afectará de forma transversal a las plantas de trabajadores de las divisiones involucradas en el engaño operacional. Si bien los sindicatos han manifestado su total rechazo a la medida, argumentando que las bases actuaron de buena fe y que la responsabilidad del «maquillaje» de datos recae exclusivamente en la plana ejecutiva desvinculada, la cuprífera insistió en que los recursos públicos deben ser resguardados por mandato legal.
El dictamen interno se produce en una de las semanas más complejas para la minera pública, marcada por la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público y los duros cuestionamientos del Biministro de Energía y Minería, Daniel Mas, quien acusó que la empresa estatal se encontraba «fuera de control». El desembarco del economista Paul Fontaine en la mesa directiva busca precisamente liderar esta reestructuración integral de los mecanismos de control.
Los departamentos de recursos humanos de Codelco ya se encuentran diseñando las modalidades y los plazos en que se pretenden concretar los descuentos a los trabajadores, buscando fórmulas que mitiguen un impacto directo y total en las remuneraciones de un solo mes. El escenario mantiene en máxima alerta a las federaciones mineras, las que no descartan movilizaciones ante lo que consideran un castigo desproporcionado contra las bases operativas del holding.
