La Sala del Senado aprobó y despachó a ley el proyecto de ley que promueve la transparencia y la adopción de medidas para incentivar la inclusión laboral de las mujeres en las medianas y grandes empresas del país. La iniciativa, que cumplió con éxito su último trámite constitucional en la Cámara Alta, apunta a derribar las brechas de género en el mercado del trabajo y establecer obligaciones concretas en sectores productivos tradicionalmente masculinizados.
La nueva normativa legal establece la obligación para que todas las empresas que cuenten con una dotación de 200 o más trabajadores confeccionen, de manera obligatoria, un informe anual público sobre el estado de la equidad de género al interior de su organización. En dicho documento, las respectivas administraciones deberán transparentar las políticas adoptadas en favor de sus trabajadoras y las medidas específicas para asegurar la igualdad de oportunidades y de remuneraciones.
Asimismo, la ley extiende de forma especial esta misma exigencia informativa a las empresas que registren 50 o más dependientes y que pertenezcan a rubros estratégicos de la economía. Entre los sectores regulados por esta glosa se encuentran la minería, la investigación y desarrollo, el sector financiero, el transporte, la energía y la construcción, áreas donde históricamente la participación femenina ha enfrentado mayores barreras culturales y de acceso.
Durante el debate legislativo en el Congreso, los parlamentarios impulsores de la moción destacaron que este cuerpo legal no busca imponer cuotas rígidas de contratación de forma inmediata, sino que persigue acelerar un cambio cultural profundo mediante la fiscalización y la transparencia de datos reales. Desde las comisiones técnicas recalcaron que visibilizar las brechas salariales y contractuales al interior de las corporaciones obligará al mundo privado a adoptar planes efectivos de inserción y progresión laboral.
Tras el despacho de la normativa por parte del Congreso Nacional, el texto fue remitido oficialmente al Poder Ejecutivo para sus trámites correspondientes de promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial. Con este hito administrativo, Chile da un paso sustantivo en la actualización de su legislación laboral interna, sintonizando las normativas corporativas con los estándares internacionales de equidad de género y protección de los derechos de las mujeres trabajadoras.
