La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la creación de una nueva comisión especial investigadora con el objetivo de recopilar antecedentes sobre la gestión, administración y la sostenida baja en los niveles de producción que ha registrado la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) en sus distintas divisiones operacionales. La iniciativa parlamentaria busca determinar las eventuales responsabilidades administrativas e institucionales detrás del actual escenario que atraviesa la principal empresa estatal del país.
La solicitud de constitución del grupo de trabajo legislativo fue impulsada por parlamentarios de las regiones mineras, quienes manifestaron su preocupación por el impacto económico que significan los menores excedentes de la cuprífera para las arcas fiscales y los fondos de desarrollo regional. Durante el debate se argumentó que, además de las dificultades propias de los proyectos estructurales, es necesario fiscalizar las decisiones de los distintos directorios respecto a la planificación y las metas de extracción de las faenas.
La instancia fiscalizadora centrará sus indagatorias en el estado de avance y los millonarios sobrecostos de los denominados proyectos estructurales de la corporación, tales como Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina de El Teniente y Traspaso Andina. Los diputados apuntan a revisar detalladamente los informes de gestión interna y auditar las decisiones técnicas tomadas por las respectivas administraciones ejecutivas frente a los constantes retrasos que han postergado la entrada en régimen de estas megaobras.
Asimismo, la comisión investigadora citará de manera oficial a las máximas autoridades del Ministerio de Minería, a los integrantes del directorio de Codelco y a los representantes de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) para que expongan las proyecciones y planes de contingencia de la estatal. El propósito de las comparecencias será evaluar si los actuales mecanismos de control público y gobernanza corporativa son suficientes para garantizar la viabilidad financiera de la minera a mediano y largo plazo.
De conformidad con los reglamentos de la corporación legislativa, la comisión especial dispondrá de un plazo inicial de 90 días para sesionar, recibir audiencias, revisar la documentación reservada y redactar el informe final con las conclusiones del caso. Una vez elaborado, el documento técnico con las recomendaciones sectoriales y las propuestas de reforma administrativa será votado por el pleno de la Cámara Baja para su posterior remisión al Ejecutivo.
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