El Ministerio del Trabajo y Previsión Social dio a conocer el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, instancia constituida el 8 de mayo de 2026 por el ministro Tomás Rau Binder para proponer medidas frente a la situación del mercado laboral chileno.
El documento, entregado el 26 de junio tras 49 días de trabajo, contiene 22 propuestas en materia de empleo femenino, subsidios al empleo, capacitación laboral, regulación laboral e información del mercado del trabajo, elaboradas por una comisión de economistas convocada por el Gobierno.
Dentro de las 22 propuestas, el bloque de regulación laboral plantea modificaciones al Código del Trabajo en materias como la jornada, la indemnización por años de servicio, la polifuncionalidad y las causales de despido, siendo este el eje que concentró el análisis de los asesores legales de los sindicatos de supervisores.
El análisis de los abogados de SanWall
Abogados del estudio SanWall, que asesoran a sindicatos de supervisores de Fesumin, realizaron un análisis de nueve de las medidas contenidas en el informe y advirtieron que, en conjunto, apuntan a debilitar protecciones laborales construidas durante años, con efectos que recaerían de forma directa sobre la estabilidad, los ingresos y los tiempos de descanso de los trabajadores.
Entre los puntos identificados se cuenta la extensión del período para promediar la jornada laboral, que según el análisis permitiría semanas de hasta 52 horas y afectaría el pago de horas extraordinarias, reduciendo certeza sobre los horarios y el tiempo disponible para la vida familiar.
También se señala la posibilidad de reducir temporalmente la jornada en períodos de crisis con cargo al Seguro de Cesantía, mecanismo que —advierten— podría activarse ante caídas de ventas y trasladar ese costo directamente a los trabajadores, además de consumir de forma anticipada un fondo pensado para el desempleo.
Se menciona además la simplificación de los sistemas excepcionales de jornada, hoy sujetos a autorización de la Dirección del Trabajo y acuerdo sindical, lo que según el análisis debilitaría los controles frente a jornadas más extensas y el riesgo de accidentes por agotamiento.
En materia de despido, el análisis apunta a la eventual eliminación de la indemnización por años de servicio actual —financiada por el empleador— y su reemplazo por un mecanismo cofinanciado también por el trabajador, lo que a juicio de los abogados elimina uno de los resguardos históricos más relevantes del sistema laboral chileno y facilita el término de contratos a un menor costo para las empresas.
Asimismo, se identifica la ampliación de la polifuncionalidad en los contratos y la reincorporación de la «falta de adecuación laboral» como causal de despido, medidas que en conjunto —según el estudio— facilitarían las desvinculaciones y reducirían las posibilidades reales de impugnación judicial.
El documento también observa la propuesta de elevar las exigencias para presentar demandas laborales, lo que disminuiría el acceso a la justicia de los trabajadores afectados; la extensión del teletrabajo sin límite de jornada para trabajadores cuidadores, que eliminaría el pago de horas extraordinarias; y cambios a la ley de plataformas de transporte que eliminarían la exigencia de licencia profesional y el congelamiento del registro de conductores, con eventual impacto en la seguridad de la actividad.
La mirada de FESUMIN
El presidente de la Federación de Supervisores de la Minería Privada (FESUMIN), Óscar Villarroel, se refirió al tema y señaló que, de aprobarse estos cambios, se trata de un escenario preocupante para los trabajadores que se integren al mundo laboral en el futuro.
Villarroel sostuvo que el rol de los dirigentes sindicales va más allá de la entrega de beneficios o la administración de contratos colectivos, y que también les corresponde informar a quienes tienen menos conocimiento de la legislación laboral sobre las consecuencias que puede tener la precarización del empleo. Agregó que estos son los temas que la organización debe exponer en las asambleas de base, considerando que buena parte de los socios se informa a través de redes sociales.
Villarroel indicó que FESUMIN y la CTMIN están gestionando una reunión con parlamentarios para dar visibilidad a estas materias.
Cabe recordar, que el documento se trata de recomendaciones elaboradas por una comisión independiente y no de proyectos de ley: será el Gobierno el que decida si impulsa cada una mediante iniciativas legislativas o políticas públicas.
El ministro Rau ya adelantó que la próxima semana el Ejecutivo presentará una indicación al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional para modificar la franquicia tributaria de capacitación, y que se presentará además un estatuto laboral para el turismo con mecanismos de adaptabilidad de jornada.
En cambio, las propuestas que generan mayor preocupación entre los trabajadores —los cambios a la indemnización por años de servicio, la polifuncionalidad laboral y el contrato por horas— continúan en evaluación dentro del Ministerio, sin un plazo definido para su tramitación.
