La recaudación del royalty aplicado a la gran minería privada superó los $1,6 billones en 2025, un 11% más que el año anterior. Sin embargo, solo $454 mil millones, equivalentes al 28% del total, fueron distribuidos directamente entre regiones y municipios mediante los fondos territoriales establecidos por la ley, según un estudio de CESCO.
El informe “Royalty 2.0: entendiendo y analizando el nuevo royalty en Chile” señala que el 72% restante ingresó a rentas generales de la Nación, lo que dificulta identificar de manera diferenciada cómo se utilizan esos recursos provenientes de la renta minera.
El análisis también revela una alta concentración de la recaudación: tres faenas representaron cerca del 95% de los ingresos durante 2025, con Minera Escondida como principal contribuyente. Para CESCO, esta situación refuerza la necesidad de contar con una plataforma pública que permita conocer cuánto aporta cada empresa y cómo evolucionan esos recursos.
En materia territorial, la Región Metropolitana recibió en 2026 el 15% de los recursos provenientes de los tres fondos, seguida por Valparaíso. No obstante, el impacto es mayor en las zonas mineras: en Atacama, por ejemplo, los recursos del royalty equivalieron al 9,37% del presupuesto consolidado de sus municipios.
El estudio también advierte diferencias en la ejecución de los recursos. Al 9 de julio de 2026, los municipios habían utilizado el 66,44% de los fondos asignados correspondientes a 2025, mientras que cerca de un tercio aún no se había traducido en gasto efectivo.
Frente a estos desafíos, CESCO propone aumentar la trazabilidad de la recaudación y destinar una mayor proporción a investigación, desarrollo e innovación minera, además de fortalecer áreas como exploración, proveedores locales e infraestructura en las regiones mineras.
