La inflación energética en América Latina y el Caribe alcanzó en febrero de 2025 su nivel más alto en los últimos cuatro meses, con un incremento mensual del 0,86%, según informó la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en su más reciente edición del Indicador de Inflación Energética para la región (IE-LAC). Esta cifra representa un aumento de 3,3 veces respecto al registro de enero, cuando el índice marcó un 0,26%.
El informe destaca que el principal factor detrás del alza fue el incremento de las tarifas eléctricas en los sectores residencial e industrial, impulsado por la reducción de subsidios en varios países de la región. Este ajuste en las políticas fiscales ha trasladado directamente los costos a los consumidores, afectando de forma transversal tanto a hogares como a empresas.
Curiosamente, el alza de la inflación energética se produjo a pesar de una baja del 5,3% en el precio del petróleo, insumo que históricamente explica alrededor del 60% de las variaciones del índice. Este fenómeno sugiere una creciente desconexión entre los precios internacionales de los hidrocarburos y las condiciones tarifarias locales, influenciadas por factores estructurales y decisiones regulatorias internas.
A nivel interanual, la inflación energética en la región se ubicó en 3,16%, cifra que si bien es la más alta desde octubre de 2024, aún se mantiene por debajo de la inflación general regional, que alcanzó el 4,10%. En comparación, los países de la OCDE experimentaron una reducción en su inflación energética, pasando de 4,0% en enero a 3,62% en febrero, en una señal de mayor estabilidad en sus mercados energéticos.
OLADE advierte que esta tendencia pone en evidencia la vulnerabilidad estructural de los sistemas energéticos de América Latina y el Caribe frente a choques externos y ajustes fiscales. Además, representa un desafío relevante para las metas de transición energética, al dificultar la planificación de políticas sostenibles que integren equidad social y estabilidad de precios. El escenario plantea la necesidad de diseñar mecanismos más resilientes que garanticen el acceso equitativo a la energía sin comprometer los objetivos de descarbonización a largo plazo.
