La empresa Andes Iron, desarrolladora del proyecto minero-portuario Dominga, presentó una solicitud ante el Primer Tribunal Ambiental para suspender los efectos de la resolución emitida por el Comité de Ministros. Esta acción se enmarca en el procedimiento relacionado con el cumplimiento de la sentencia que reactivó el proyecto en diciembre de 2024.
En el documento presentado al tribunal, Andes Iron argumenta que el Comité de Ministros no ha cumplido con la sentencia judicial previa, y solicita que se adopten medidas cautelares para garantizar su cumplimiento. Según la compañía, uno de los puntos que respaldan esta acusación es que la entrega del nuevo pronunciamiento del Comité se realizó fuera del plazo perentorio de 15 días establecido por el tribunal.
Además, Andes Iron busca la suspensión del plazo para interponer un recurso de ilegalidad contra la resolución del Comité de Ministros mientras se evalúa la solicitud en curso. Los abogados de la empresa señalaron que el objetivo principal de este procedimiento es hacer valer la acción de cosa juzgada generada por la sentencia, garantizando que se respeten los términos establecidos por la justicia.
El tribunal ahora deberá revisar la solicitud de Andes Iron y determinar si procede suspender los efectos de la resolución del Comité de Ministros. Este desarrollo representa un nuevo capítulo en la extensa disputa judicial en torno al proyecto Dominga, que es objeto de controversias legales y medioambientales durante los últimos años.
