El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó una nueva norma de emisión dirigida a las fundiciones de cobre y a las instalaciones emisoras de arsénico. La medida establece límites más estrictos y progresivos para reducir la liberación de contaminantes atmosféricos como material particulado (MP), dióxido de azufre (SO₂), arsénico (As) y mercurio (Hg), con el objetivo de mejorar la calidad del aire en zonas históricamente impactadas por la actividad industrial.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló que la iniciativa busca “mejorar la calidad de vida de las personas y proteger nuestro patrimonio natural”, destacando que la aplicación progresiva de la norma permitirá disminuir de forma significativa las emisiones, avanzando hacia un modelo de desarrollo más sostenible.
La regulación contempla tres etapas de implementación, con exigencias diferenciadas para instalaciones nuevas y existentes. Desde su publicación en el Diario Oficial, se establece la obligación de congelar los niveles actuales de emisión y capturar al menos un 95% de las emisiones de azufre y arsénico en las fuentes en operación. En el caso de las nuevas instalaciones, el estándar se eleva a un 99,5%. Posteriormente, a los tres y nueve años, las exigencias aumentarán progresivamente hasta alcanzar un 98% de captura en las fuentes existentes, junto con reducciones adicionales en los límites globales anuales de emisión.
La norma también incorpora requisitos específicos para controlar las emisiones de material particulado en actividades como transporte, almacenamiento y manejo de concentrado de cobre, exigiendo una eficiencia promedio mínima del 85%. Además, obliga a la adopción de prácticas operacionales permanentes para evitar emisiones fugitivas. La fiscalización quedará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que definirá los protocolos de medición y verificación.
El proceso de actualización normativa se inició en 2020 y fue sometido a consulta pública entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. En esta instancia se recibieron observaciones de diversos sectores, lo que permitió introducir ajustes en los límites de emisión y fortalecer las obligaciones de control de material particulado.
Con esta medida, Chile da un paso relevante en la gestión de la calidad del aire, alineándose con la estrategia de Transición Socioecológica Justa y estableciendo estándares ambientales más exigentes para la industria, con miras a proteger la salud de las comunidades y reforzar la sustentabilidad en las operaciones mineras y metalúrgicas del país.
