La Comisión de Minería y Energía dio un paso crucial al aprobar y despachar a Sala un proyecto de ley que modifica la Ley 20.920, buscando establecer un marco más estricto para la gestión de residuos mineros. La nueva normativa exigirá a los gestores de depósitos de relaves implementar un plan de recuperación de elementos pesados.
Este proyecto de ley estipula que todos los gestores de residuos generados en procesos mineros, que deben ser contenidos en tranques de relaves, deben tener un plan público de recuperación de elementos pesados. Este plan deberá revisarse cada cinco años y actualizarse cada diez, incluyendo la caracterización de los tranques de relaves existentes y proyectados, así como medidas para monitorear la estabilidad física de estos depósitos y mantener un registro histórico de eventos anómalos.
Victor Riesco, Director de Comunicaciones de FESUMIN, subrayó la relevancia de esta regulación para la comunidad y el medio ambiente. «La gestión adecuada de los elementos pesados en los relaves es vital, ya que estos pueden causar contaminación significativa. Sin una regulación estricta, no hay manera de controlar los impactos, lo que ha sido un problema histórico en Chile con los pasivos ambientales generados por los relaves,» expresó Riesco.
En la misma sesión, la Comisión también aprobó el proyecto que protege la capacidad de fundición de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Esta iniciativa garantiza que, en caso de cese de funciones de la Fundición Hernán Videla Lira en Copiapó, se asegurará la modernización del proyecto con los más altos estándares ambientales y productivos. Los legisladores argumentan que no realizar el proceso de fundición y refinación en Chile resulta en una pérdida económica significativa y reduce la competitividad del país en el mercado del cobre.
Riesco también destacó los desafíos que esta nueva regulación podría implicar para los proyectos mineros futuros. «Aunque es una excelente iniciativa, gestionarla adecuadamente requerirá recursos, lo que podría frenar algunos proyectos. Sin embargo, no podemos seguir sacrificando más zonas por negligencia. Esta regulación es un paso necesario para garantizar un control efectivo de los procesos mineros y proteger tanto el medio ambiente como a las comunidades,» concluyó.
