El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Codelco, tras detectar presuntas irregularidades en la información entregada luego de un accidente fatal en la División El Teniente. El hecho marcó un hito judicial, al ser el primer caso de una empresa estatal donde se invocó la nueva Ley de Delitos Económicos.
La autoridad minera confirmó que los informes proporcionados por la cuprífera no coincidieron con los hallazgos de la investigación técnica. Sernageomin detectó que la estatal omitió o alteró datos relevantes sobre las condiciones de seguridad en el área donde falleció un trabajador en 2023. Esta discrepancia fue la que impulsó al organismo a judicializar el caso, apuntando a una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica.
La normativa, que entró en vigencia recientemente, estableció un marco de mayor exigencia para altos ejecutivos y empresas. En este caso particular se buscó determinar si la entrega de información falsa constituyó un delito bajo el catálogo de la nueva ley. Además, la fiscalía analizó si hubo un beneficio para la empresa al no reportar adecuadamente las fallas de seguridad. En este marco, la ley permitió que, de comprobarse el dolo, se aplicaran penas que van desde multas millonarias hasta la disolución de la persona jurídica o la inhabilitación de sus directivos.
Desde el Ministerio de Minería y el Sernageomin reiteraron que los estándares de transparencia deben ser transversales, sin distinción entre empresas públicas o privadas. El proceso quedó en manos de la Fiscalía Regional de O’Higgins, que ordenó las primeras diligencias para incautar documentación interna de la división.
Por su parte, Codelco informó que colaboró con la entrega de antecedentes, aunque mantuvo su postura respecto a que los protocolos internos se ajustaron a la normativa vigente al momento del siniestro.
En las últimas horas, en tanto, la Fiscalía Regional de O’Higgins ordenó la incautación de evidencia digital y equipos electrónicos a dos ex altos ejecutivos de la estatal.
La diligencia —autorizada por el Juzgado de Garantía de Rancagua— consideró el retiro de especies tanto en domicilios particulares de los imputados como en dependencias de Codelco, con apoyo de personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
