Tres comunidades indígenas de la Región de Atacama manifestaron sus observaciones al proyecto de modificación de la mina Los Colorados, impulsado por la Compañía Minera del Pacífico (CMP) en la comuna de Huasco. Las inquietudes quedaron registradas en el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tras analizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, cuyo valor de inversión se estima en US$ 348 millones.
La Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ta Tatara expresó preocupación por la posible afectación a rutas de trashumancia hacia sectores como Majada Casa Piedra y Chañar Quemado, así como por la presencia de elementos arqueológicos en la zona del proyecto. También se advirtió sobre impactos potenciales en la flora nativa, el desierto florido y corredores de fauna como el guanaco. La comunidad solicitó la incorporación de antecedentes técnicos que evalúen el uso ancestral del territorio y medidas de mitigación proporcionales a los posibles efectos culturales y ecológicos.
Desde la Comunidad Indígena de Amancay Pai, las observaciones se centraron en los efectos sobre actividades económicas tradicionales como la recolección de copao, la apicultura y el ecoturismo. El SEA solicitó a CMP una caracterización actualizada y verificable de estas prácticas, con el fin de dimensionar adecuadamente los impactos del proyecto en el sistema de vida de la comunidad.
En tanto, la Comunidad Indígena Diaguita Llanos del Lagarto cuestionó la intervención en el botadero suroeste, señalando que ya existirían impactos sobre sitios patrimoniales, rutas de trashumancia y fuentes de agua utilizadas ancestralmente. Entre sus propuestas, la comunidad pidió la restitución del pozo Punta del Toro y el uso de agua desalinizada en reemplazo de fuentes locales.
Sobre este tipo de conflictos, Víctor Riesco, Director de Comunicaciones de Fesumin, señaló que “a medida que la minería se ha ido desarrollando en el país, cada vez con mayor frecuencia se encuentra con situaciones en que sus proyectos pueden afectar a comunidades que han vivido históricamente en esos territorios. La gran minería chilena, al operar principalmente en rajo abierto, genera movimientos de tierra y disposición de material que inevitablemente impactan el entorno, incluyendo comunidades aledañas”. Riesco agregó que “es importante entender que el desierto no es un espacio vacío: ha sido históricamente habitado e intercambiado por comunidades desde la costa hasta el altiplano, por lo que asumir que estos territorios están disponibles exclusivamente para el desarrollo minero es un error”.
También enfatizó que si bien no todos los impactos pueden ser mitigados en su totalidad, los estudios de impacto ambiental deben realizarse con rigurosidad y con participación de las comunidades. “CMP es una empresa con conocimiento del territorio y de las comunidades, por lo tanto, tiene las herramientas para desarrollar estudios adecuados y medidas efectivas de mitigación”, concluyó.
El proceso de evaluación del proyecto entra así en una nueva fase que requerirá un diálogo más profundo entre la empresa, las comunidades y las autoridades, con el fin de alcanzar una resolución equilibrada entre desarrollo y resguardo sociocultural.
