La Contraloría General de la República decidió retirar de tramitación el decreto que buscaba modificar el reglamento de la Ley Karin, normativa que regula la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. La determinación del ente fiscalizador se fundó en el hallazgo de diversos vicios de legalidad en el texto presentado por el Ejecutivo, lo que impide que la nueva normativa entre en vigencia bajo las condiciones propuestas originalmente.
El organismo encabezado por Dorothy Pérez detectó que los cambios impulsados no se ajustaban plenamente al marco legal vigente, específicamente en lo relativo a los procedimientos de denuncia y las facultades de las instituciones involucradas. Según fuentes ligadas al proceso, la resolución de Contraloría apunta a que el reglamento modificado excedía las atribuciones que la ley entrega al Ejecutivo, generando una inconsistencia jurídica que obligó a frenar su toma de razón de forma inmediata.
La Ley Karin, que fue diseñada para fortalecer la protección de los trabajadores frente a conductas de maltrato, requiere de un reglamento preciso para que tanto el sector público como el privado sepan cómo actuar ante denuncias. El retraso provocado por las observaciones de Contraloría genera incertidumbre en las organizaciones que ya estaban preparando sus protocolos internos de acuerdo a las nuevas directrices que ahora deberán ser revisadas y corregidas por el Gobierno.
Desde el Ejecutivo confirmaron que el decreto fue retirado para realizar los ajustes técnicos necesarios y subsanar las observaciones planteadas por el órgano contralor. El compromiso de las autoridades es reingresar el documento a la brevedad, asegurando que el contenido final respete estrictamente los principios de la ley y garantice el debido proceso para todas las partes involucradas en situaciones de acoso o violencia laboral.
Este revés administrativo se produce en un momento de alta sensibilidad laboral, dado que la Ley Karin ha sido uno de los pilares de la agenda de seguridad y bienestar en el trabajo durante el último año. Organizaciones de trabajadores y expertos en derecho laboral manifestaron su preocupación por este freno, llamando a la autoridad a no dilatar las correcciones para evitar que la protección efectiva de las víctimas quede en un vacío legal o se aplique con criterios ambiguos.
