Con la mira puesta en acelerar la concreción de proyectos de inversión y reducir la pesada burocracia sectorial, el Gobierno ingresó a la Contraloría General de la República una modificación reglamentaria orientada a simplificar y agilizar la tramitación de permisos en la industria minera. La medida busca unificar y modernizar los procedimientos administrativos que gestiona el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), agrupando un total de 55 permisos técnicos en solo 13 trámites consolidados.
El ajuste reglamentario apunta directamente a recortar los prolongados plazos de revisión que hoy enfrentan los titulares de proyectos de exploración y explotación en el país. Al estandarizar los requisitos, reducir la duplicidad de documentos exigidos por distintas reparticiones e incorporar mecanismos de resolución más eficientes, la autoridad busca entregar reglas del juego más claras y previsibles para las empresas del sector, sin que esto implique relajar los estándares técnicos, ambientales o de seguridad en las faenas.
Esta iniciativa forma parte de la agenda transversal impulsada por el Ejecutivo para reactivar la economía y recuperar el dinamismo del sector extractivo, en un contexto global marcado por la alta demanda de minerales estratégicos. La excesiva dilación en la obtención de permisos ha sido identificada de forma constante como una de las principales barreras de entrada para el desarrollo de nuevos yacimientos y la ampliación de los existentes.
Desde el mundo empresarial e industrial han valorado la señal, enfatizando que la certeza jurídica y la reducción de los tiempos de tramitación («permisología») son factores determinantes para competir por el capital internacional y destrabar la ambiciosa cartera de inversiones proyectada para los próximos años en Chile.
La unificación de estos procesos no solo busca beneficiar a las grandes corporaciones, sino también facilitar el flujo de expedientes para la mediana y pequeña minería, sectores que suelen verse desproporcionadamente afectados por el costo financiero de los retrasos administrativos.
Una vez que el órgano contralor tome razón del decreto, la nueva normativa entrará en vigencia de manera gradual, marcando un precedente operativo en la fiscalización e incentivo del desarrollo minero. El éxito de esta reformulación dependerá de la capacidad de adaptación de los servicios públicos para absorber la nueva estructura simplificada de trámites y dar respuestas oportunas a las solicitudes del sector privado.
