Durante este domingo el Gobierno ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con la intención de parar el segundo retiro de un 10% de los fondos de pensiones.
La Moneda, mediante un comunicado, reportó que para aprobar esta iniciativa “algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”.
Respecto a este tema, el Director de Comunicaciones de Fesumin, Víctor Riesco, señala que “como ya es historia conocida, el primer retiro del 10% se realizó hace un tiempo y prácticamente más de 9 millones de personas ahorrantes de los fondos de pensiones retiró este 10%, pero dejó también un margen importante sobre 2 millones de personas sin fondos aparentes en sus cuentas previsionales. Y ahora, se estima que sumadas esas personas, otros 2 millones también quedarían sin fondos después de este retiro”.
“Es importante destacar que esta acción se hace a través de una modificación a la Constitución y no mediante una Ley que dada las características de la Ley 3.500, solamente el Presidente de la República tendría acceso a poder solicitarlo. Para la segunda petición fueron mucho más los diputados (130 en total) quienes aprobaron esta iniciativa, por lo tanto, si fuera por un tema de quórum de 2/3 ya prácticamente está aprobado”, agrega.
Sobre la justificación que argumenta el Ejecutivo, Riesco aclara que el Gobierno señala, “no es una buena propuesta. Podríamos analizar todas las medidas implementadas por el Gobierno y ver cuáles son buenas y cuáles son malas, pero finalmente el punto es que estas platas frescas que están ahí disponibles, podrían paliar en algo las problemáticas de la vida cotidiana de las personas, y que obviamente no estarán disponibles para su jubilación”.
“Señalar que un gran porcentaje de las pensiones se hereda, eso significa que las personas no alcanzan a utilizar el total de los fondos de pensiones que ellos guardan, por lo tanto, esta instancia genera una posibilidad que las personas utilicen sus fondos de una u otra manera y que no mueran y dejen herencia este patrimonio que es personal”, añade.
“Vamos a esperar cuál va a ser el resultado en el Tribunal Constitucional, pero no hay una justificación de peso legal que impida que esta nueva entrega no se pueda realizar”, finaliza.
