Con 114 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones, la semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que define a los glaciares como bienes de carácter público y reservas estratégicas de agua dulce y modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Esta iniciativa fue ingresada a trámite legislativo en enero de 2018 por el diputado Daniel Melo (PS).
“La protección de los glaciares es prioridad en el contexto de crisis climática e hídrica (…) pues se observa un retroceso sin precedentes en los últimos 2 mil años”, señaló el diputado Melo en la lectura de la propuesta.
El proyecto de ley fue despachado al Senado y define a los glaciares como bienes de carácter público y reservas estratégicas de agua dulce, en los cuales “no se podrán realizar actividades que tengan un impacto significativo y dañino en los glaciares y sus entornos ambientales”.
¿Qué dice el proyecto en concreto?
“Son partes constituyentes de un glaciar: su material detrítico; el agua líquida, tanto superficial como interna y basal; su parte flotante, siempre que esté unida a su masa, la que se considerará como agua terrestre. También, las masas de agua en estado sólido que, flotando y separadas del glaciar, por efectos climáticos circunstanciales, puedan adherirse a este”.
“No se podrán realizar actividades que tengan un impacto significativo y dañino en los glaciares y sus entornos ambientales”.
De acuerdo a lo anterior, la aceleración de su derretimiento, el desarrollo de actividades sobre su superficie o el depósito de basura o productos químicos en su suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas e incluso su espacio aéreo, se sancionarán con una multa de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTM).
Sí podrán realizarse actividades de ecoturismo, montañismo de baja intensidad, investigación científica autorizada o que realice la Dirección General de Aguas (DGA). Asimismo, las actividades de rescate, instrucción y entrenamiento de personal autorizado, que se efectúen en el glaciar o su entorno.
En relación a minería, este proyecto de ley afectaría el funcionamiento de dos faenas estatales: El Teniente y Andina, y algunas privadas como Los Bronces y Los Pelambres.
