El recrudecimiento de las tensiones bélicas entre Irán e Israel provocó una fuerte reacción en los mercados de materias primas, impulsando el precio del cobre por sobre los 4,20 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. La escalada militar en una zona estratégica para el flujo energético global generó una ola de compras por refugio y temor a una interrupción en las cadenas de suministro. Los analistas internacionales advirtieron que la volatilidad se mantendrá en niveles elevados mientras no exista una señal clara de desescalada en el Golfo Pérsico.
La industria minera nacional observó con cautela este incremento de valor, ya que el alza en la cotización del metal rojo vino acompañada de un aumento sostenido en el precio del petróleo crudo. Para las operaciones en Chile, este escenario representó una presión directa sobre los costos de producción, especialmente en los procesos de extracción y transporte que dependen del diésel. Expertos del sector señalaron que el beneficio de un precio del cobre más alto podría verse neutralizado por el encarecimiento de los insumos energéticos básicos para las faenas.
El informe de coyuntura del mercado minero detalló que la incertidumbre geopolítica afectó también el valor de la logística marítima, con un incremento en las primas de seguros para los fletes que transitan por rutas cercanas al conflicto. Esta situación impactó la planificación de las grandes compañías mineras que operan en el país, las cuales debieron ajustar sus proyecciones de flujo de caja ante la inestabilidad de los mercados financieros. La depreciación del peso chileno frente al dólar fue otro de los efectos colaterales registrados durante las últimas jornadas de negociación.
Las autoridades del Ministerio de Minería manifestaron que el país se encuentra en una posición de observación activa frente a la crisis en Medio Oriente. A pesar del aumento en los ingresos fiscales proyectados por la venta de cobre, el Gobierno enfatizó la necesidad de mantener la disciplina en el gasto ante la posible persistencia de una inflación importada por los combustibles. El Consejo de Ministros para la Minería programó sesiones extraordinarias para evaluar planes de contingencia en caso de que el suministro de ciertos reactivos químicos importados sufra retrasos.
Las principales compañías del sector, incluyendo a Codelco y multinacionales privadas, reforzaron sus estrategias de eficiencia energética para mitigar el impacto del crudo en sus balances. La aceleración de contratos de energías renovables y la optimización de rutas de transporte terrestre se volvieron prioridades críticas en el corto plazo. Los ejecutivos de la industria coincidieron en que, aunque el precio del cobre es favorable para la inversión, la inestabilidad global introduce un factor de riesgo que podría postergar decisiones sobre nuevos proyectos de expansión.
La evolución del conflicto entre Irán e Israel seguirá marcando la pauta de los mercados de commodities durante el cierre del primer trimestre de 2026. Los operadores bursátiles permanecieron atentos a cualquier cierre del Estrecho de Ormuz, lo que podría llevar el precio del petróleo a máximos históricos y profundizar la crisis energética global. En el ámbito local, la Comisión Chilena del Cobre preparó una actualización de sus proyecciones anuales para reflejar este nuevo entorno de alta complejidad y riesgos cruzados para la economía nacional.
El Consejo Minero, organismo que agrupa a las principales compañías del sector en el país, manifestó su rechazo a las modificaciones legales que buscan alterar el tratamiento tributario del combustible para uso industrial. La entidad gremial argumentó que la eliminación de beneficios vigentes representó un cambio en las reglas del juego que afectó la planificación de inversiones de largo plazo. Los representantes de la gran minería calificaron la medida como un «impuesto encubierto» que recayó directamente sobre la estructura de costos de una de las industrias más relevantes para la economía nacional.
La organización detalló que el sector minero utilizó el diésel principalmente para la generación de energía y el movimiento de maquinaria pesada en faenas donde aún no existieron alternativas tecnológicas electrificadas. Según los informes técnicos presentados, un aumento en la carga impositiva por este concepto elevó los costos operacionales en un escenario de leyes de mineral decrecientes y yacimientos más profundos. Las compañías señalaron que el impacto se sintió con mayor fuerza en las operaciones de mediano tamaño, cuya sostenibilidad financiera dependió de márgenes de utilidad más estrechos.
El gremio cuestionó que la propuesta gubernamental no consideró la realidad operativa de la industria, la cual ya realizó esfuerzos significativos para transitar hacia una matriz energética más limpia. Las empresas recordaron que la minería chilena lideró la adopción de contratos de energías renovables y la exploración de hidrógeno verde, pero recalcaron que la sustitución total del diésel no fue técnica ni económicamente factible en el corto plazo. Por lo anterior, afirmaron que encarecer este insumo solo restó competitividad a Chile frente a otros distritos mineros globales como Australia o Perú.
La discusión legislativa generó preocupación en los directorios de las multinacionales, que advirtieron sobre la incertidumbre jurídica que provocaron las constantes revisiones al marco tributario. El Consejo Minero sostuvo que la industria ya enfrentó un aumento de la carga fiscal con la implementación del nuevo Royalty Minero, por lo que sumarle ahora una modificación al impuesto específico al diésel resultó desproporcionado. Los ejecutivos del sector solicitaron al Ejecutivo establecer mesas de trabajo técnicas para evaluar el impacto real antes de avanzar con la tramitación del proyecto en el Congreso.
Desde el sector académico y económico, algunos expertos coincidieron en que gravar los combustibles fósiles fue necesario para cumplir con las metas de descarbonización, pero reconocieron la validez de los argumentos de la industria sobre la gradualidad. Las mineras insistieron en que el Estado debió incentivar la innovación en lugar de aplicar medidas recaudatorias que castigaron el uso de un insumo crítico. La controversia se produjo en un momento clave para la reactivación económica, donde la inversión minera fue vista como el principal motor para el crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2026.
La directiva del Consejo Minero anunció que presentó sus observaciones ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para fundamentar las repercusiones de este cambio legal. La organización reafirmó su disposición a colaborar en una política climática seria, siempre que no comprometiera la viabilidad de las operaciones que sustentaron el empleo en las regiones del norte. El debate permaneció abierto mientras el Gobierno evaluó posibles mecanismos de compensación o una implementación diferida para evitar un choque excesivo en los balances de las compañías mineras.
