Respaldada en tres proyectos de ley y esperando que se promulgue como ley antes de fin de año, la Reforma de Pensiones anunciada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet plantea aumentar en 20% las pensiones de los actuales jubilados mediante la creación de un fondo de ahorro colectivo.
Por: 4 Ojos Comunicaciones
Establecer un 5% de cotización adicional a cargo del empleador, que se la dividirá en un 3% al ahorro personal y un 2% irá un fondo de ahorro colectivo, es uno de los principales cambios que incluye la Reforma de Pensiones que el ejecutivo espera promulgar como ley, antes de que comience el 2018, asegurando así, que la jubilación de las personas que comiencen a aportar desde ahora al ahorro colectivo, puedan mejorar hasta en un 50% como máximo su pensión.
La reforma establece la creación de 3 proyectos de ley. El primero de ellos contempla una Reforma Constitucional que crea el administrador del Nuevo Ahorro Colectivo, un organismo autónomo denominado “Consejo de Ahorro Colectivo”, conformado por 7 miembros, nombrados por el Ejecutivo, pero quienes deberán ser ratificados por el Senado.
En segundo lugar, establece la creación del Nuevo Ahorro Colectivo, fondo al que iría el 5% con cargo al empleador, que se divide en un 3% destinado a una cuenta personal de cada trabajador, mientras que el otro 2% se acumulará a un Seguro de Ahorro Colectivo, cuya función será redistributiva, para solidarizar con quienes ahorren menos durante su vida, y que de igual forma, puedan ver mejorada su pensión.
El tercer proyecto modifica y perfecciona el marco regulatorio del funcionamiento de las AFP.
Como consecuencia, se espera que la reforma logre aumentar las pensiones actuales en un 20% y hasta en un 50% para quienes comiencen a aportar al ahorro colectivo cuando se promulgue la ley.
Sin embargo, desde la mirada de Hacienda, existen resquicios en el proyecto que terminarían por perjudicar al trabajador en vez de ayudarlo. Así lo señala el informe de productividad que realizó Hacienda y Trabajo, en donde analizaron el escenario en que la cotización aumentara de una vez, y no gradualmente en 6 años como espera el proyecto. El tal caso, el empleo caería en 7%, reduciendo 394 mil puestos de trabajo. A su vez, el informe señala que el salario líquido bajaría en promedio un 3,3%.
Por otro lado, desde el mundo sindical, las organizaciones de trabajadores han señalado su molestia al no ser consultados ni incluidos como voz en la generación de los proyectos, porque, finalmente, los jubilados antes son, fueron y serán trabajadores.
Ante las diversas reacciones que produjo la reforma anunciada, y la nula participación de los trabajadores o cotizantes en el planteamiento de los proyectos, el Vicepresidente de la Federación de Supervisores de la Minería, FESUMIN, Iván Mlynarz, señaló que “Si bien existe relativo consenso en la necesidad de aumentar los montos aportados al sistema, creo que la tensión del proyecto se refiere principalmente a si estos nuevos aportes serán administrados por un nuevo organismo estatal, y sobre qué fracción de los nuevos aportes irá al ahorro individual o colectivo”.
“El mundo sindical debe tener como una de sus prioridades programáticas ampliar los espacios de acción institucional de sus organizaciones. La construcción de un país donde sus ciudadanos sean tratados como tales y no solo como simples clientes pasa por lograr avances en esta dirección”, finaliza.
