La implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) significó un cambio estructural en la forma en que la industria minera chilena gestiona sus residuos, promoviendo prácticas orientadas a la valorización, reciclaje y reducción de impactos ambientales. Sin embargo, persisten brechas relevantes en trazabilidad, capacidad instalada y articulación entre actores del sistema.
Desde su aprobación en 2016, la normativa impulsó el desarrollo de reglamentos, sistemas de gestión y metas concretas para productos prioritarios como neumáticos, aceites, envases y embalajes. En el caso de los neumáticos fuera de uso, el Decreto de Metas publicado en 2021 estableció obligaciones que alcanzan el 90% de recolección para neumáticos Categoría A y 100% para los de Categoría B, metas que entraron en vigencia en 2023. Actualmente, existen tres sistemas de gestión colectivos y 15 individuales operando, con la minería como uno de los sectores clave por su volumen de generación de residuos.
En un documento del Ministerio del Medio Ambiente, se reconoce que el cumplimiento aún se encuentra en evaluación, ya que las metas son recientes, pero destaca que algunos sistemas ya las han cumplido parcialmente o en su totalidad. Además, se subraya que todos los sistemas aprobados deben demostrar trazabilidad, y que muchos han implementado plataformas tecnológicas específicas para este fin.
Uno de los principales desafíos identificados por la autoridad es la alta dispersión de actores obligados, especialmente en productos como los envases y embalajes, lo que dificulta la identificación y fiscalización. En este sentido, el Sistema de Reporte (SISREP) comenzó a operar en enero de 2025, lo que se espera contribuya a una mejor supervisión.
Desde el mundo académico, la Dra. Lilian Velásquez, de Ingeniería de Minería UC, destacó que si bien la Ley REP ha sido un avance, no cubre residuos masivos como relaves o escorias, aunque existen instrumentos normativos recientes, como la NCh163:2024, que permite su uso como áridos en construcción. A ello se suma la nueva Agenda de Relaves 2025–2026, orientada a la gestión sustentable de depósitos activos e inactivos.
Desde el sector privado, María Constanza Sáenz de Santa María, presidenta del Comité de Sostenibilidad de Aprimin, enfatizó que la Ley REP ha contribuido significativamente a fortalecer una cultura de sostenibilidad en la minería. “Esto se ha traducido en proyectos que impulsan la trazabilidad, reciclaje, reutilización y eficiencia en materiales, especialmente en neumáticos y aceites. Además, ha potenciado acuerdos colaborativos con gestores y proveedores, consolidando una industria del reciclaje más activa en minería”, señaló.
Pese a los avances, el éxito del modelo dependerá de cómo se enfrenten los desafíos actuales: mejorar la articulación institucional, cerrar brechas tecnológicas y promover innovación en la valorización de residuos. La minería, como gran generadora y, a veces, productora de residuos prioritarios, tiene un rol estratégico en el cumplimiento de las metas y en la transición hacia un modelo verdaderamente circular.
