Las empresas mineras Zaldívar y Wealth Minerals manifestaron su preocupación ante el Gobierno por la creación de una nueva red de salares protegidos que abarcó 76 mil hectáreas en el sector del Salar de Atacama. Ambas compañías enviaron oficios y descargos formales en los que advirtieron que la delimitación de estas zonas de resguardo ambiental interfirió directamente con sus proyectos de exploración y explotación de minerales.
La minera Zaldívar, operada por Antofagasta Minerals, sostuvo que la medida administrativa comprometió áreas que resultaron clave para la continuidad operacional de sus faenas en la Región de Antofagasta. La empresa argumentó que la superposición de las áreas protegidas con sus concesiones vigentes generó una incertidumbre jurídica que afectó la planificación de sus inversiones a largo plazo en la zona.
Por su parte, la compañía canadiense Wealth Minerals también expresó su rechazo a la extensión de la zona de protección, ya que esta incluyó terrenos donde la firma proyectó el desarrollo de iniciativas vinculadas a la extracción de litio. La firma extranjera señaló que la decisión del Ejecutivo se tomó sin considerar los derechos mineros previamente constituidos, lo que frenó el avance de sus planes de prospección.
El conflicto surgió tras la firma de los decretos presidenciales que buscaron resguardar el ecosistema de los salares en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, medida que dejó fuera de la actividad extractiva a miles de hectáreas. Las compañías mineras indicaron que esta protección ambiental se superpuso a sus pertenencias, lo que derivó en una colisión de intereses entre los objetivos de conservación y la actividad productiva.
Desde el sector privado recordaron que los proyectos afectados representaron una fuente importante de empleos y aportes económicos para la región, por lo que solicitaron una revisión de los límites establecidos. Los representantes de las mineras recalcaron que no se opuso el cuidado del medio ambiente, pero cuestionaron la falta de diálogo técnico previo a la publicación del trazado oficial de las áreas resguardadas.
Finalmente, el Ministerio de Minería y el Ministerio del Medio Ambiente recibieron los antecedentes expuestos por las empresas para evaluar las posibles vías de solución ante los reclamos territoriales. La situación instaló una nueva disputa administrativa sobre la administración del Salar de Atacama, mientras el Gobierno defendió la necesidad de proteger los acuíferos y la biodiversidad frente a la expansión de la industria minera.
