A un año de la entrada en vigor de la Ley de Royalty Minero, Chile estableció un nuevo marco tributario para la gran minería del cobre, con el objetivo de fortalecer la equidad fiscal y territorial. Esta normativa, promulgada en 2023 tras años de discusión legislativa, establece la recaudación de recursos desde los grandes productores mineros para su redistribución entre regiones y municipios del país.
El impuesto, que reemplazó al antiguo Impuesto Específico a la Actividad Minera, se aplica a los explotadores mineros que comercializan minerales concesibles. Para las grandes empresas con una producción superior a las 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) anuales, se establece una carga más significativa. En tanto, la pequeña y mediana minería queda sujeta a una tasa progresiva entre 0,4% y 4,4% según el volumen extraído.
Para el año 2025, el Gobierno proyecta recaudar US$1.350 millones bajo este nuevo esquema, de los cuales US$450 millones estarán destinados al desarrollo territorial. Se espera que $218 mil millones se distribuyan entre 308 comunas, a través del Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras. Asimismo, los 16 gobiernos regionales recibirán financiamiento por medio del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, que financiará proyectos de inversión estratégica en sus respectivos territorios.
Los municipios beneficiados podrán utilizar los fondos en iniciativas de libre disposición, lo que implica una alta flexibilidad en su aplicación, desde mejoras en seguridad y alumbrado público hasta obras de infraestructura hídrica. En el caso de los gobiernos regionales, el uso está restringido a proyectos de inversión productiva que fomenten el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la sostenibilidad regional.
Para garantizar la transparencia, la ley exige que cada municipio entregue un informe anual detallado sobre la ejecución de estos recursos. Este reporte es fiscalizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), quien debe rendir cuentas al Congreso y a la Contraloría General de la República, asegurando así el control del gasto público asociado al Royalty Minero.
