Durante 2024, el nuevo esquema del royalty minero en Chile generó una recaudación fiscal histórica de US$1.550 millones, superando los US$1.350 millones proyectados inicialmente. Sin embargo, el 90% del total recaudado provino de solo tres operaciones mineras: Minera Escondida (US$839 millones), Collahuasi (US$363 millones) y Los Pelambres (US$196 millones), evidenciando una alta concentración tributaria y una marcada dependencia de grandes faenas.
El royalty minero reemplazó al antiguo Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), incorporando un nuevo sistema de tasas progresivas que varían entre 0,4% y 26%, según los niveles de producción y márgenes operacionales. En este contexto, Escondida registró un aumento en su carga tributaria desde 5,75% a 17,11%, impulsada también por un alza en su producción, que alcanzó 1,24 millones de toneladas de cobre.
La implementación del royalty incluyó el establecimiento de fondos de redistribución fiscal, como el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo de Comunas Mineras (FCMI). En 2024 se activó un Fondo Puente que distribuyó $93.646 millones a 307 comunas. No obstante, solo el 53,4% de los municipios cumplió con la entrega de reportes de gastos y apenas el 22% abrió la cuenta corriente exclusiva exigida por la normativa, revelando debilidades en la gestión local.
Para 2025 se proyecta una expansión significativa de los recursos, con $218.000 millones destinados a los fondos principales: $166.000 millones al FET y $53.000 millones al FCMI, con desembolsos en cuatro cuotas. El acceso a estos fondos estará condicionado al cumplimiento de requisitos de reportabilidad y se evaluará según criterios técnicos, como la presencia de yacimientos, relaves, fundiciones y niveles de emisiones contaminantes.
El documento oficial del Gobierno identificó usos concretos de los recursos, como programas de becas, adquisición de vehículos de seguridad, infraestructura de bomberos y mejoras urbanas en distintas comunas. Pese a estos avances, se mantienen desafíos clave en términos de transparencia, eficiencia del gasto y distribución territorial, con grandes diferencias entre comunas altamente beneficiadas, como Puente Alto con $3.220 millones, y otras con asignaciones mínimas, como Río Verde con solo $118 millones. Expertos advierten que la sostenibilidad y legitimidad del royalty dependerán de su correcta implementación y de lograr una distribución más equitativa de sus beneficios.
