El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) respecto al proyecto “Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres”, de Antofagasta Minerals, documento que contiene más de 230 páginas de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la compañía. La iniciativa, con una inversión estimada de US$2.000 millones, busca extender la operación minera más allá del 2035 mediante la incorporación de 1.200 millones de toneladas métricas (Mt) adicionales a las 2.100 Mt actuales, en la Región de Coquimbo.
Una de las principales observaciones del informe apunta al posible impacto sobre el humedal altoandino Las Hualtatas. Según el SEA, pese a que la gerencia de la minera se comprometió verbalmente durante 2024 a no intervenir este ecosistema durante reuniones con la comunidad de Cuncumén y autoridades regionales, la revisión de la documentación técnica revela una afectación directa que pondría en riesgo su conservación. El organismo solicitó modificar los límites del botadero que colinda con el humedal y declarar esta y otras áreas como zonas bajo protección.
El documento también requiere aclaraciones respecto a los posibles efectos del proyecto sobre los esteros Pupío y Llau Llau, señalando la necesidad de implementar medidas de contingencia ante eventos de crecidas y evaluar los riesgos derivados del funcionamiento del sistema de manejo de aguas y del tranque El Mauro.
Adicionalmente, el SEA constató impactos en actividades agrícolas cercanas a las obras del sistema de impulsión de agua desalada, particularmente en sectores como Las Vacas, Pupío I y II, El Romero y La Peste. Productores locales reportaron pérdida de productividad debido a la deposición de material particulado sobre frutales y huertos, situación que no habría sido adecuadamente prevista en el EIA. Por ello, se solicitó una nueva predicción y evaluación de los impactos ambientales en estos sectores.
El titular del proyecto tiene plazo hasta el 23 de junio de este año para responder a las observaciones. No obstante, el plazo puede ser prorrogado si se solicita formalmente. La evaluación del proyecto continúa en revisión, en un contexto donde la protección de los ecosistemas altoandinos y las actividades económicas locales son aspectos centrales del proceso.
