Sanción sería de 2,5 sueldos mínimos y en la misma propuesta de reforma a los estatutos, que será votada en las próximas semanas, se establece un aumento de la dieta para los directores.
Según informa El Mercurio, la propuesta de una comisión integrada por los mismos socios del sindicato indica en el apartado de derechos y deberes de los socios, “que los integrantes del sindicato tendrán que aceptar todas las decisiones acordadas en asamblea, incluso aquellas que sean aprobadas a mano alzada. Si no lo hacen, sufrirán una sanción”.
“El socio que no acate las disposiciones tomadas democráticamente por la mayoría de la asamblea, deberá pagar por única vez una sanción económica que asciende a 2,5 sueldos mínimos mensuales”, indica uno de los artículos citados por El Mercurio.
El plazo que tendrá el trabajador para cancelar dicha multa es de 30 días y si dicho lapso no se respeta, otro artículo establece la facultad de la directiva “de ejecutar una demanda civil en contra del socio involucrado, para hacer efectivo el cobro, por medio de las herramientas legales que establece la ley, incluyendo las costas del mismo”.
La propuesta también plantea aumentar la dieta que reciben los dirigentes del sindicato, que pasaría de un sueldo mínimo, que es lo que perciben actualmente, a un sueldo mínimo y medio.
La eventual reforma que establece una sanción para los socios cobra relevancia en el actual escenario, donde no sólo corresponde que a mediados de año el sindicato negocie colectivamente con la empresa, sino que además, un sindicato “disidente” al actual se encuentra en pleno proceso de constitución.
Consultado por “El Mercurio”, el Sindicato Único no estuvo disponible para referirse a ninguna de las dos propuestas. Únicamente señalaron que ambas proposiciones fueron planteadas por una comisión de trabajadores y no por la directiva, y que la asamblea es quien tendrá que votar estos cambios en las próximas semanas.
Por su parte, Pedro Marín -ex dirigente del sindicato y vocero durante la huelga de 2006- opina que si se aprueban estos cambios, serían nocivos para los operarios y que la única persona que ganaría con ellos es el abogado asesor, Marco López.
Pedro Marín afirma a El Mercurio que la multa es una mejora del mecanismo que se utilizó durante la huelga de Spence en 2009, en la que López también fue el asesor del sindicato. Dicha multa fue cuestionada por la justicia y consistía en la firma de un pagaré, por parte de los trabajadores, de 7 millones de pesos que debían cancelar si decidían descolgarse: “Es una medida de presión para que los viejos no abandonen la huelga, lo que para mí es una acción antisindical”, sentencia el ex dirigente.
Marín añade que Marco López es el único asesor que dirige asambleas y que “ha llevado a dirigentes cercanos a Cuba”. Finalmente, afirma que de aprobarse la reforma de estatutos propuesta, es altamente probable que se viva una nueva huelga en la faena.
A su turno y consultado por El Mercurio, Marco López sostiene que las acusaciones en su contra son absolutamente falsas y que el sindicato se encuentra trabajando con un abogado penalista para presentar una querella por injurias contra Marín, puesto que -afirma- esta no sería la primera vez que el ex dirigente realiza declaraciones que “afectan mi honra”.
