El Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó que la votación del Comité de Ministros en enero pasado incumplió parcialmente lo ordenado por la justicia, lo que resultó en la suspensión de su decisión y el mantenimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero-portuario Dominga. La resolución judicial obliga al Comité de Ministros a sesionar nuevamente en un plazo de nueve días para dar cumplimiento a lo establecido por el Tribunal.
El fallo también cuestionó la participación del subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien anteriormente se había manifestado en contra del proyecto. Sin embargo, el Tribunal concluyó que su intervención se ajustó a sus competencias técnicas y no invalidó la decisión del Comité. Además, la instancia judicial dejó firmes los rechazos a las reclamaciones presentadas por la Comunidad Agrícola Los Choros y el Sindicato de Trabajadores Independientes N°1 contra el proyecto.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente señalaron que están evaluando el fallo y los pasos a seguir. Por su parte, organizaciones contrarias a Dominga, como Alianza Humboldt, calificaron la resolución como «inédita» e «ilegal», argumentando que el Tribunal Ambiental estaría excediendo sus atribuciones al intervenir en la decisión de la autoridad administrativa.
En contraste, la empresa titular del proyecto, Andes Iron, valoró la sentencia y expresó su expectativa de que se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental. La compañía enfatizó que la discusión técnica sobre el proyecto ya está concluida y que este cumple con la normativa ambiental vigente.
Expertos en derecho ambiental señalaron que este fallo refuerza el control judicial sobre las resoluciones de la institucionalidad ambiental y advierten que el Tribunal Ambiental podría imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en su incumplimiento. No obstante, el Gobierno aún tiene la opción de impugnar la decisión a través de un recurso de reposición o apelación, dependiendo de su estrategia procesal.
