La minería chilena atraviesa un doble proceso de modernización que pone en el centro la información médica y digital de los trabajadores. Por un lado, el reciente Dictamen N°388/32 de la Dirección del Trabajo, emitido el 2 de septiembre, valida el uso de tecnologías para detectar fatiga y somnolencia en operadores de equipos pesados.
Por otro, avanza la estandarización de las inducciones y los exámenes preocupacionales entre faenas, un proceso que busca terminar con la duplicidad de trámites que hoy enfrentan los trabajadores cada vez que cambian de operación. Así lo consignó Poder Laboral en su reportaje «Cuando el cuerpo se convierte en dato», publicado el 5 de septiembre, que advierte que ambos procesos comparten un mismo trasfondo: decisiones laborales que dependen cada vez más de información técnica, médica o digital vinculada directamente a cada trabajador.
Sobre la tecnología de control de fatiga, el abogado laboral Raúl Osorio, consultado por ese medio, planteó que las alertas reiteradas de estos sistemas pueden convertirse en una herramienta sindical para exigir ajustes de turnos, pausas y dotaciones, aunque advirtió sobre el riesgo de que la tecnología termine normalizando medidas intrusivas de control en lugar de impulsar cambios estructurales en la organización del trabajo. Osorio identificó además la negociación colectiva como el espacio natural para fijar reglas sobre uso de datos, acceso a la información y auditorías.
En ese mismo contexto, Poder Laboral consultó a Oscar Villarroel, presidente de la Federación de Supervisores de la Minería (FESUMIN), quien entregó a este medio declaraciones extensas sobre los alcances, riesgos y condiciones que —a su juicio— debe cumplir la homologación de exámenes preocupacionales.
Un avance real, pero con riesgo de nuevas barreras
Villarroel fue categórico en valorar el proceso: «como FESUMIN valoramos la homologación de las inducciones y los exámenes preocupacionales porque esto es un avance concreto para facilitar la movilidad laboral y evitar que los trabajadores tengan que repetir procesos cada vez que ingresan a una faena nueva». Sin embargo, planteó una preocupación central: que en algún momento cada empresa termine «desvirtuando este avance» al incorporar requisitos adicionales que vuelvan a generar las mismas barreras que la homologación busca eliminar.
El dirigente reconoció que pueden existir faenas con necesidades específicas que justifiquen evaluaciones adicionales, pero puso una condición: esas exigencias «tendrían que estar bien justificadas y ser proporcionales al riesgo que se está solicitando». El principio de fondo, resumió, es que homologar no significa bajar los estándares de seguridad ni eliminar la protección de los trabajadores, sino eliminar duplicidades y hacer más eficiente el sistema, buscando un equilibrio entre ambos objetivos.
Sobre el contenido mismo de los exámenes, Villarroel sostuvo que estos «deben cumplir un objetivo estrictamente preventivo»: determinar si una persona puede desempeñar su función de manera segura, considerando los riesgos específicos del cargo y la faena. Fue enfático en marcar un límite: esto «nunca debería transformarse en un mecanismo de selección o exclusión laboral por condiciones de salud que no tengan relación directa con las funciones que el trabajador debe realizar».
Para evitarlo, planteó que deben existir garantías claras: los exámenes solicitados tienen que ser pertinentes y proporcionales a los riesgos reales de cada puesto de trabajo, aplicando criterios técnicos y objetivos que impidan cualquier forma de discriminación encubierta.
En materia de protección de datos, el presidente de FESUMIN fue específico: la empresa «debería conocer únicamente la información necesaria para determinar la aptitud laboral y las medidas preventivas que correspondan a cada trabajador». Con eso, planteó, deben resguardarse los antecedentes clínicos y evitar que diagnósticos o información sensible circulen entre empresas, práctica que —advirtió— lamentablemente ocurre y puede terminar siendo usada en futuros procesos de contratación. «La salud del trabajador no puede convertirse en una barrera de entrada a un empleo», remarcó. La prevención, insistió, debe servir para proteger a las personas, no para excluirlas.
«Nos enteramos por los medios»: el reclamo por participación sindical
El punto más duro de sus declaraciones apuntó al proceso de elaboración del acuerdo. Villarroel afirmó que las organizaciones sindicales «debieron tener siempre una participación formal en la elaboración e implementación de este acuerdo», recordando que FESUMIN participa directamente en la Mesa Laboral de Minería y en el Consejo Superior de Minería, instancias donde —a su juicio— debieron tratarse estos temas. En cambio, dijo, se enteraron oficialmente a través de los medios de comunicación.
Aunque valoró que la iniciativa permita modernizar y hacer más eficientes los procesos, planteó que este tipo de acuerdos «se fortalece y se legitima» cuando se incorpora desde su origen la mirada de quienes conocen la realidad cotidiana de las distintas faenas del país. Por eso, como Federación plantean que hacia adelante debe existir una instancia formal permanente —similar a la mesa tripartita de salud y seguridad en la que ya participan trabajadores y empleadores— que permita evaluar la implementación de los acuerdos y detectar barreras o exigencias injustificadas de parte de algunas empresas. «Si queremos construir una minería moderna y sostenible, el diálogo social debe ser parte de las decisiones y no solamente una instancia de consulta», cerró.
Ambos procesos, el control tecnológico de la fatiga y la homologación de exámenes preocupacionales, quedan así frente a una misma exigencia de fondo: que la modernización no avance a espaldas de quienes serán observados y evaluados por ella.
Mientras el Dictamen 388/32 ya rige y entrega criterios de uso para las nuevas tecnologías, la demanda de Villarroel y de otros dirigentes consultados por Poder Laboral apunta en la misma dirección: que la homologación de exámenes no quede solo en manos de las empresas, sino que se resuelva con una instancia tripartita formal, con garantías de proporcionalidad, resguardo de datos y fiscalización efectiva.
Para FESUMIN, ese es el punto que definirá si el proceso termina siendo un verdadero avance para los trabajadores o una nueva fuente de barreras y desigualdades entre faenas.
