El proyecto minero-portuario Dominga, uno de los más controvertidos de la minería chilena desde su ingreso a evaluación ambiental en 2013, vive esta semana dos hitos que marcan un antes y un después en su historia: el inicio de obras preliminares en terreno y la incorporación de Andes Iron como imputada en una investigación penal por corrupción.
Según consignó REDIMIN, Andes Iron comenzó los trabajos preliminares en La Higuera, Región de Coquimbo, con el objetivo de mantener vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Las faenas iniciales incluyen apertura de caminos de acceso y movimientos de tierra en los sectores El Espino y Fierro, además de la habilitación de un área en Totoralillo Norte destinada a un futuro campamento, donde se emplazarán el terminal de embarque y la planta desalinizadora.
Estos trabajos se activaron después de que la compañía declarara el hito de inicio de construcción el 10 de agosto, cumpliendo así el plazo para evitar la caducidad del permiso ambiental.
El inicio de estas obras habilitantes no equivale, sin embargo, al arranque de la construcción integral del complejo. Andes Iron continúa gestionando la ingeniería del proyecto y la estructuración financiera, y todavía debe obtener más de 150 permisos sectoriales prioritarios, de los cuales hasta ahora solo cuenta con 25.
El cronograma de la compañía contempla la puesta en marcha de la planta desalinizadora hacia fines de 2028 y el inicio de la explotación comercial en agosto de 2029, aunque esas fechas dependen de la obtención de permisos, el financiamiento y la resolución de los litigios pendientes.
La magnitud del proyecto explica por qué ha concentrado tanta atención: contempla dos minas a rajo abierto, una planta desalinizadora y un puerto, con una inversión que hoy supera los US$3.000 millones —cifra al alza respecto de su formulación original—. En su fase de plena operación, proyectada para 2033, se espera una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, durante una vida útil estimada en 24 años.
La construcción generaría cerca de 10.000 empleos directos y 20.000 indirectos, mientras que la operación proyecta 1.500 puestos directos y 4.000 indirectos, con foco en la contratación de trabajadores de la Región de Coquimbo.
Este avance en terreno llega después de más de una década de rechazos, aprobaciones y fallos judiciales cruzados. El punto de inflexión más reciente ocurrió en septiembre de 2025, cuando la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos presentados contra la iniciativa, dejando firme la RCA obtenida por el proyecto en 2021.
Su cercanía al archipiélago de Humboldt —hábitat del pingüino del mismo nombre y zona de alta biodiversidad marina— ha sido el eje central de la resistencia de organizaciones ambientales, mientras que sus defensores destacan la inversión y los empleos que traería a la zona.
En paralelo, se abrió un nuevo flanco judicial para el proyecto: Andes Iron decidió incorporarse formalmente como imputada en la causa que instruye una querella de Greenpeace por eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos vinculados a la tramitación de Dominga.
Aunque la acción original no individualizaba a la empresa, esta designó a tres abogados para representarla ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, señalando en su escrito que, si bien no existe una querella nominativa en su contra, en los hechos descritos sí se le imputan conductas que a juicio de los querellantes revestirían carácter delictual.
El abogado querellante Mauricio Daza calificó el movimiento como un indicio relevante sobre la posición que la propia empresa entiende que ocupa en los hechos investigados. El antecedente central de la querella son los $255,5 millones que Andes Iron pagó entre 2023 y 2024 al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber por asesorías relacionadas con Dominga; dos de sus entonces socios están hoy imputados y en prisión preventiva en una causa distinta por corrupción judicial.
Greenpeace cuestiona además vínculos y coincidencias entre ese estudio y un ministro de la Corte Suprema que redactó, en enero de 2024, una resolución favorable para la empresa en una causa relacionada con el proyecto, aunque la propia acción reconoce no aportar prueba directa de una transferencia o comunicación que acredite soborno.
La comparecencia de Andes Iron como imputada no acredita por sí sola la existencia de delitos, pero confirma que la empresa optó por defenderse directamente en una investigación que cuestiona sus pagos y la tramitación judicial de Dominga. El resultado es un escenario paradójico: mientras el proyecto finalmente logra poner maquinaria en terreno después de 13 años de disputas, su titular enfrenta simultáneamente un nuevo proceso penal que puede volver a poner en entredicho la legitimidad de los permisos que le permitieron llegar hasta aquí.
