Desde Fesumin, valoran que el uso de este 10% que quedaría libre, se pueda reinvertir en políticas sociales y de investigación y desarrollo de un valor agregado a la actual industria extractiva de cobre.
Con 35 votos a favor, la Sala del Senado respaldó una serie de cambios en la redacción que propuso la Comisión de Hacienda al proyecto que termina con la ley reservada del cobre para financiar las Fuerzas Armadas (FF.AA).
En la última sesión ordinaria, los legisladores completaron el debate iniciado la semana pasada, cuando se argumentó la necesidad de regular el financiamiento de FF.AA. y el rol que cumplirá la sociedad civil en la compra de material bélico. Asimismo, se aprobó un conjunto de indicaciones que habían quedado pendientes.
Desde la Federación de Supervisores de la Minería Privada, Fesumin, miran con gran optimismo este proceso. El Director de Comunicaciones, Víctor Riesco, afirma que: “Después de más de 30 años desde que Pinochet dejara la Comandancia en Jefe del Ejército, recién se hace un cambio estructural respecto al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Como sabemos, este financiamiento siempre fue cuestionado por diferentes sectores dado que ofrecía más que un piso, un techo, sobre el cual trabajar las diferentes estrategias de financiamiento y lo que es peor, muchas veces, pasaban por gastos inadecuados de estos recursos”.
Riesco apunta a que una nueva forma de financiamiento a las Fuerzas Armadas, debe estar sujeta a un mayor control. En este sentido, el proyecto señala que las decisiones de la compra de material bélico pasarán por un proceso de licitación con profesional técnico calificado, y no serán decisiones parciales de un grupo pequeño de personas, por lo cual, no debería prestarse para malos usos de recursos, como hemos visto antes.
“En cualquier empresa privada o en la minería, en donde sabemos que se invierten muchos recursos para los procesos, donde se organiza la extracción minera, sabemos que hay un control y adecuación de los recursos, lo que en las Fuerzas Armadas no existía.Por eso, falta el control, como hemos señalado, a fin de que sea transparente”, agrega Riesco.
Sobre cómo se podrían invertir estos montos que pertenecen al 10% que entrega Codelco, que quedaría libre si se deroga la ley reservada del cobre, el Director de Comunicaciones lo tiene claro: “Como trabajadores mineros, esperamos que ahora que Codelco no tendrá que entregar este 10%, el Estado pueda reasignar estos recursos en donde realmente se necesita. En este caso y dado nuestros tiempos, debe apuntar primero a las pensiones y a la salud de la gente que es de tercera edad, porque pronto más del 25% de la población será mayor de 65 años y será un gran reto sobre el cual no se han hecho políticas efectivas”.
“Y lo otro, es el tema del cambio de nuestra matriz productiva. No podemos seguir trabajando en una actividad extractivista. Ya es hora de que generemos valor agregado a los productos que generamos en este país, y parte de ese dinero puede llevarse a investigación y desarrollo para que Chile pueda salir adelante”, finaliza.