Una nueva iniciativa legislativa busca introducir cambios profundos en las reglas del juego del mercado laboral chileno. Un reciente proyecto de ley propone flexibilizar la contratación y, quizás lo más polémico, regular la evaluación de desempeño como una causal válida para poner término a la relación laboral sin derecho a las indemnizaciones tradicionales.
La iniciativa argumenta que el actual sistema de «necesidades de la empresa» es insuficiente para abordar la productividad individual. Según los autores del proyecto, permitir que una evaluación de desempeño negativa sea causal de despido entregaría herramientas a los empleadores para modernizar sus equipos, siempre y cuando existan métricas claras y objetivas acordadas previamente.
Para evitar abusos, el proyecto contempla que estas evaluaciones no sean arbitrarias. Se establece que los criterios de medición deben estar estipulados en el contrato de trabajo o en el reglamento interno, y el trabajador debe haber sido notificado formalmente de su bajo rendimiento antes de proceder a la desvinculación, dándole una oportunidad de mejora.
Además de las causales de despido, la propuesta legislativa apunta a «des rigidizar» la contratación. Esto incluye nuevas modalidades de jornadas y una mayor facilidad para adaptar las funciones de los trabajadores según los ciclos económicos de la empresa, lo que ha encendido las alarmas en las organizaciones sindicales por una posible precarización.
Desde el mundo del derecho laboral, expertos advierten que esta medida podría abrir una puerta a despidos injustificados disfrazados de «bajo desempeño». El temor principal es que la evaluación se convierta en una herramienta subjetiva para desvincular a trabajadores antiguos o con sueldos más altos sin pagar los años de servicio correspondientes.
El proyecto recién inicia su camino en las comisiones del Congreso, donde se espera una dura batalla entre quienes defienden la modernización de la productividad y quienes buscan proteger la estabilidad laboral. Por ahora, el Gobierno ha manifestado que cualquier cambio en esta línea debe garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de los empleados.
