Una polémica circular firmada por la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que autorizaba el teletrabajo a pacientes contagiados con COVID-19 o contactos estrechos de un infectado, generó controversia en el mundo de la política nacional, obligando al Gobierno a “enmendar” su error.
Víctor Riesco, director de comunicaciones de Fesumin, se refirió a este “polémico decreto emitido por la Subsecretaría respecto de la posibilidad de que los trabajadores que hayan sido decretados como contactos estrechos y que también sean casos confirmados, probables o sospechosos puedan adoptar a la modalidad de teletrabajo de común acuerdo con su empleador”.
“Vemos que la figura da un giro radical respecto a lo planteado previamente por el Gobierno. Esa figura no beneficia al trabajador, sino que más bien al empleador, en el sentido de que no pierde un trabajador, sino que solamente le cambia su puesto de trabajo, pero sin un anexo de contrato, y esa figura también establecería que difiera de la figura de teletrabajo, y no tenemos una postura de la Inspección del trabajo sobre esta situación”, agregó.
En esa línea, Riesco se pregunta “qué pasa si esta persona que está de común acuerdo con el empleador, sin ser éste un especialista en temas de salud, trabajando en su casa sin un sistema regulado de teletrabajo tiene un accidente laboral, por ejemplo, al estar sentado en el escritorio sufre una caída y se fractura una de sus extremidades ¿Quién cubre ese accidente?”.
“La actitud va en beneficio de tener al trabajador disponible, no para que el trabajador esté fuera de su empleo. Para muchas personas esto puede ser beneficioso por poder trabajar, pero esto no se puede aplicar a un chofer de locomoción colectiva o un operador de maquinaria, ellos no podrían optar a esta situación”, cerró.
Tras las críticas de los parlamentarios de oposición y diferentes sectores gremiales y de la salud, el Gobierno debió echar pie atrás. El ministro secretario general de la presidencia, Juan José Ossa, señaló que la circular “será enmendada”, acusando un apresuramiento del Frente Amplio en acudir a Contraloría para frenar la normativa.
