Durante esta semana finalizó el trabajo de la Convención Constitucional, la cual presentará en un par de días la nueva propuesta oficial y final del nuevo texto que se someterá a votación el próximo 4 de septiembre.
Sobre minería, la Comisión de Medio Ambiente comenzó proponiendo una nacionalización de las empresas mineras, la cual fue rechazada a través de las votaciones del pleno. Finalmente, solo se concretó como aspecto general, una mirada hacia una minería más sustentable, y verde: que camine hacia un modelo sostenible donde la industria sea compatible con el desarrollo social.
Como antecedente, en las últimas décadas, una veintena de faenas perjudicaron más de 3,3 kilómetros de glaciares, como el polémico proyecto Pascua Lama de Barrick Gold, amenazando las reservas de agua en un país que lleva más de una década en situación de sequía.
Sobre este tema, el Director de Comunicaciones de Fesumin, Víctor Riesco, comenta que “dentro de todas las propuestas que existían para la Nueva Constitución sobre minería, muchas de ellas se cayeron en el proceso, debido a presiones y a extremos que no eran juicios respecto a minería y ello afecta la mirada que pueden tener del tema. Chile siempre ha sido un país minero, con vestigios de la actividad desde antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, desconocer ese hecho es desconocer su historia”.
En esa misma línea, Riesco agrega que “lo que se pudo alcanzar a hacer fue darle el tinte más ecológico y sustentable y evitar que la minería sea depredadora y contamine las comunidades y los territorios como ya lo ha hecho, como con los relaves mineros, por ejemplo”.
“La minería debería ser una actividad controlada, segura y rentable para el país, sin embargo, los constituyentes se farrearon un aspecto importante bajo la mirada de que las cosas pudieron haber seguido siendo buenas para el país ya sea con o sin privados pero teniendo una buena legislación”, aseguró.
“Ahora veremos qué pasa con el Congreso y qué harán respecto a lo nuevo, y esperar que no lleguemos de nuevo a la situación que tenemos actualmente, y se prolongue. Es un camino largo el que queda, pero esa certeza jurídica es también una certeza económica, ya que lo importante es que Chile siga siendo el dueño de los minerales que se extraen del país”, finalizó.
El primer artículo del Estatuto Constitucional de los Minerales, señala que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”.
En resumen, el Estado es el dueño del mineral, debe establecer una política para la actividad minera, quedan excluidos los glaciares, áreas protegidas, la exploración y explotación deberá contar con una regulación no renovable que considere la protección ambiental. Además, el Estado deberá proteger la pequeña minería y buscar formas de generar valor agregado.
