El Gobierno estima que de aprobarse la nueva ley se perderían 42 mil empleos, y estima una caída del 2,4% del PIB; además del cierre de 5 grandes faenas mineras, ya que el texto sería retroactivo.
Conocer la opinión de los trabajadores ante la Ley de Glaciares fue el objetivo de la reunión sostenida el pasado martes 6 de octubre, en donde participó el nuevo Subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf, y Fesumin como integrante de CTMIN, en conjunto con todas las organizaciones sindicales que componen la Coordinadora de Trabajadores de la Minería.
La moción parlamentaria que hoy está en su primer trámite constitucional, pretende crear una protección específica para este tipo de depósitos, prohibiendo toda actividad económica en los glaciares, en el ambiente periglaciar y en el permafrost o suelo helado.
Una iniciativa inédita a nivel mundial, salvo por Argentina, que además, sería retroactiva. Es decir, quienes hoy ocupan esos espacios para extracción minera deberían dejar de hacerlo, por lo que implicaría el cierre de 5 grandes faenas mineras: Caserones, Los Pelambres, Los Bronces, Andina y El Teniente.
Sobre los efectos posibles en la industria minera, Cochilco informó que de aprobarse, se proyecta un descenso de producción promedio de un 22% a 28% en un horizonte de 2021 a 2031, lo que significa una pérdida de 1.387 a 1.809 miles de toneladas de cobre fino.
Desde Fesumin, su presidente, Miguel Fernández, señaló que “debemos precisar que la moción que se está tramitando, tiene como objetivo prohibir todas las actividades en Glaciares (Blancos y Rocosos), Ambiente Periglaciar y Permafrost (suelo Congelado), ya sea que tenga o no hielo. Asimismo, tiene una aplicación retroactiva de las actividades mineras que están operando cerca de glaciares, y tener esto claro es muy importante”.
“Lo que observamos desde Fesumin, con gran preocupación, es la ausencia en la discusión de esta moción parlamentaria, de un debate a través de una comisión, que delimite con precisión los alcances técnicos de esta ley, abordando también los aspectos sociales que permitan que Chile establezca una política estratégica respecto a la protección de sus glaciares y un desarrollo minero armónico y sostenible”, agrega Fernández.
Además, añade que: “Estamos de acuerdo con una ley de protección de glaciares pero no como está redactado el actual proyecto parlamentario, ni con la indicación sustitutiva del gobierno, porque las 2 carecen de participación de los actores principales que convergen entre sí”.
“Creemos que el enfoque debería estar en cómo hacemos que estos proyectos sean amigables con el medio ambiente, y como trabajadores, debemos estar presentes en ese debate”, finaliza.
Además de este tema, en la reunión se pudo establecer una posible pauta de reuniones semanales con el Subsecretario, para que los trabajadores puedan estar presentes y aportar su opinión y visión en cada aspecto importante que se discuta en torno a minería.
