Amplio rechazo ha provocado en el mundo social, el acuerdo entre el Gobierno y la Soquimich para entregarla explotación del litio a la minera no metálica hasta el año 2030 y aumentando la cuota de extracción.
A fines de enero mientras el Papa visitaba el país, Corfo y Soquimich pusieron término al proceso de arbitraje entre ambas partes mediante un acuerdo.
Así, la minera no metálica podrá aumentar su producción anual a 216.000 toneladas de litio, cumpliendo una serie de condiciones, tales como la salida del gobierno corporativo de la empresa de Julio Ponce Lerou y una reestructuración del mismo gobierno corporativo; la modificación de los dos contratos existentes entre ambas partes; que SQM Salar pague a Corfo US$17,5 millones más intereses como forma de término de conflicto; y que la firma aumente el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato de Albemarle (la otra empresa que explota el salar).
El acuerdo ha recibido variados reparos provenientes del mundo social y de los trabajadores. Además de los cuestionamientos éticos por el hecho de que el Estado haya negociado con una empresa con la que estuvo en litigio por graves incumplimientos al contrato suscrito a principios de la década de los 90, se suman los recientes hechos de corrupción que la involucran con pagos y financiamiento irregular de políticos; la nula información acerca de la dimensión del acuerdo; y el potencial peligro que advierten, de que el pacto signifique la privatización del recurso mineral.
El acuerdo implica triplicar la cantidad originalmente permitida de extracción del mineral y, si bien se estima que el negocio con SQM le reportará al Estado unos diez mil millones de dólares, no satisface a amplios grupos de la sociedad civil organizada.
Manuel Ahumada L., presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, sostuvo que los trabajadores del cobre también se suman al rechazo de este acuerdo y forman parte del Movimiento Litio para Chile. “Cuestionamos el que este acuerdo se haya llevado a cabo de espaldas al pueblo, que todavía no conoce los alcances de lo que significa. El hermetismo con que se negoció da para pensar que aquí hay intereses políticos que se anteponen al interés de que el litio sea un recurso de los chilenos” y agrega que “vamos a exigir que sea el Estado quien se haga cargo de explotar el litio y que SQM sea una empresa de interés nacional”.
Dentro de las demandas de los trabajadores está la exigencia de conocer el texto del convenio y la de recuperar efectivamente el litio para Chile. Incluso se habla de acudir a instancias legales para impugnar el acuerdo entre la corporación estatal y SQM, ante la amenaza de que represente una acción encubierta para privatizar el recurso.
Cabe mencionar que desde otras organizaciones sociales también se cuestiona este pacto por el posible daño ambiental que pudiera provocar. “No se ha realizado un estudio hidrogeológico de la cuenca del Salar”, sostuvo Ana Ramos, dirigente del Consejo de Pueblos Atacameños, consultada por Diario UChile.
La representante social puntualiza que es fundamental contar con este tipo de informes antes de aumentar la cuota de extracción: “no existe conocimiento del ‘estado de salud’ del lugar, por lo que el daño medioambiental podría ser irreversible. Nosotros estamos en un oasis desierto donde cada día se nota más la escasez de agua”.
Una de las propuestas frente a la explotación del litio por parte de SQM, es la del Movimiento Litio Para Chile y consiste en crear una empresa estatal que se haga cargo de la explotación del mineral.
