El Presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó ayer dos proyectos de ley fundamentales, el Sistema Inteligente de Permisos y la Evaluación Ambiental 2.0, con el objetivo de acelerar tanto la inversión pública como la privada en el país.
El nuevo Sistema Inteligente de Permisos tiene como propósito simplificar los procesos de autorización para una amplia gama de proyectos de inversión, desde los más grandes, como proyectos mineros, hasta los más pequeños, como almacenes. Las medidas clave propuestas en la reforma incluyen el establecimiento de normas mínimas de tramitación para permisos sectoriales.
Esto implica que todos los procesos deben incluir un examen de admisibilidad, mejora en la regulación de las interacciones entre servicios y entre el Servicio tramitador y el solicitante, establecimiento de plazos máximos y especificación del uso del silencio administrativo.
La inclusión de criterios de proporcionalidad en la tramitación es otra característica destacada. Esto permitirá reemplazar autorizaciones por declaraciones u otras técnicas según el riesgo asociado a cada proyecto. Además, se establecerá una ventanilla única digital, la plataforma SUPER, para la tramitación de permisos sectoriales, brindando acceso permanente a los detalles del procedimiento.
En cuanto a la Evaluación Ambiental 2.0, el proyecto busca modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para prevenir impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y brindar seguridad a los inversionistas. Entre las modificaciones relevantes se incluye la participación temprana voluntaria, permitiendo a los inversionistas mejorar el diseño de sus proyectos antes de ingresar al sistema.
Además, se prevé la tecnificación de las decisiones, fortaleciendo la evaluación técnica y eliminando instancias políticas como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental. La decisión final recaerá principalmente en el SEA, basándose en antecedentes técnicos y evidencia científica. Se simplificará el Recurso de Reclamación, evitando reenvíos entre tribunales y administración, con la expectativa de reducir significativamente los tiempos totales de tramitación.
Esta reforma no solo busca agilizar procesos, sino también reforzar las medidas de protección ambiental. El Consejo de Defensa del Estado tendrá la capacidad de presentar acciones legales, se reducirán las asimetrías al presentar pruebas y se clarificará el plazo de prescripción por daño ambiental. Para fortalecer el ordenamiento territorial, se potenciará la Evaluación Ambiental Estratégica, reduciendo plazos de evaluación en un 30% para proyectos con esta evaluación.
